¿Sabías que el Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México son las entidades que concentran mayor número de mujeres víctimas de secuestro? Hoy en día, México tiene un promedio de siete mujeres secuestradas o desaparecidas cada día, mientras que 11 son asesinadas.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2015 se reportaron un total de 344 mujeres secuestradas, en el 2016 un total de 386, en el año siguiente 369, en el subsecuente 404 víctimas, en el 2019 un total de 412, en el año siguiente 224 víctimas, en el año 2021 un total de 192, en el subsecuente 161 y, finalmente, en el presente año 2023 un total de 147 mujeres secuestradas con fecha de corte al 31 de agosto.
Además, el primer semestre de 2023, se registraron un total de 32 mujeres secuestradas en el estado de Chihuahua, siendo este el cual tiene la mayor incidencia, seguido por la Ciudad de México con un total de 23 mujeres secuestradas y, en tercer lugar, los estados de Morelos y Sonora con un total de 12.
Ahora bien, hablando sobre las causas del delito de secuestro, se debe señalar que estas pueden variar de acuerdo con factores económicos, sociales y culturales. Sería sumamente difícil tratar de encuadrar en situaciones específicas los motivos por los cuales las personas que se dedican a secuestrar cometen este ilícito, sin embargo, hay un latente y comprobable factor, a saber, la situación económica precaria en la que se desenvuelven los secuestradores, que los arrastra a llevar a cabo el injusto penal consistente en la privación de la libertad de una persona.
En relación con los Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social 2012 del CIDE, se dio a conocer que, sobre el propósito del secuestro, 47.1% dijo que era para obtener dinero, 7.8% para cobrar una deuda, 5.9% dijo que era para privar a la víctima de su libertad, 3.9% para robar o extorsionar y 2% para obligar a familiares o amigos de la víctima a realizar una acción determinada.
Derivado del factor económico, se desprende la educación como otra variable que influye directamente en el inicio de una vida delictiva. Cobran relevancia, de nueva cuenta, los resultados de la Encuesta mencionada en el párrafo inmediato anterior, en los que se advierte que, de la escolaridad de las personas privadas de su libertad, 53.7% de los varones y 60% de las mujeres no lograron completar la secundaria.
Lo anterior, refleja inconcusamente, la falta de oportunidades en la sociedad, así como la desigualdad en todos los rubros que influyen en la vida cotidiana, por lo que necesariamente, se genera resentimiento social y carencias de carácter económicas y sociales, es decir, la falta de oportunidades y la desigualdad económica que se vive en México, puede ser un factor que juega en las características en común del sujeto activo del delito de secuestro.
Ahora bien, el secuestro es un delito grave con consecuencias potencialmente dolorosas para las víctimas y sus familias, para las comunidades, los países y, por extensión, para la comunidad internacional. Las consecuencias fácticas que se ocasionan a partir de la comisión del delito de secuestro se pueden observar desde el momento de captura del sujeto pasivo, es decir, de la víctima, hasta incluso años después de haberse logrado su liberación.
Específicamente hablando de las mujeres víctimas de secuestro, las consecuencias implican daño psicológico en la víctima, durante y después del secuestro, en virtud de que, esta persona sufre durante horas, incluso días o meses, el continuo maltrato psicológico, como puede ser las constantes amenazas sobre la privación de la vida, o amenazas respecto al daño que puede ser infligido en familiares o personas allegadas. Además, no solo se sufre este tipo de daño, sino también una violencia física, en el que las víctimas suelen ser golpeadas, torturadas, mutiladas, violadas e incluso asesinadas.
Por otro lado, y no menos importante, se debe tomar en consideración el daño colateral que sufren los familiares o personas cercanas, ya que, muchas veces, es en ellos en donde puede recaer la vida de la víctima, es decir, prácticamente el hecho de que se pague un rescate, que a veces significa entregar todo, o gran parte, del patrimonio de una familia entera, o se lleve a cabo una conducta de hacer o no hacer específica, tiene el poder de liberar a la víctima.
En atención a ello, es indispensable que tanto el Estado como la sociedad civil, apliquemos medidas tendientes a la disminución del delito de secuestro, enfocadas a la prevención del delito, al pronto rescate de las víctimas y a la atención psicológica y física que requieran posterior a su secuestro.