Todos los mexicanos sin distinción vivimos bajo el estado de derecho, esto nos indica que las reglas son aplicadas por igual a todos los seres humanos que habitamos en el territorio mexicano.
La realidad es que el feminismo y este Estado muchas veces no convergen armónicamente, incluso en casos donde se encuentran alejados uno del otro. La falla en esta ejecución equitativa fue un problema para las generaciones de nuestros abuelos y si no hay una pronta acción será para la de nuestros nietos. Hay que reconocer que desde principios del siglo XX, este espacio entre el estado de derecho y el feminismo se debe a falla en la implementación así como en la elaboración de los marcos legales.
El estado de derecho nos rige, nos limita y nos da seguridad de que nuestro bienestar está salvaguardado por la ejecución de estas normas. El estado funciona como un escudo protector que nos defiende de amenazas externas. El problema es que muchas veces este escudo no es utilizado como se debe, no tiene la fortaleza que necesita para protegernos o se rompe en cuanto recibe el primer golpe.
Desde inicios del siglo XX México ha logrado grandes avances en sus esfuerzos por proteger los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género a través de diversas reformas legales. Sin embargo, a pesar de estos avances legales, el país todavía lucha por la implementación efectiva de estas leyes, particularmente en las áreas como la violencia de género, el feminicidio y el abuso doméstico. Existe una brecha considerable entre la legislación y su aplicación actual, en gran medida debido a una combinación de factores, incluida la falta de recursos, la corrupción dentro del sistema legal y los desafíos relacionados con la voluntad política.
El principio de este cambio es aceptar que existe un espacio entre los marcos legales y la aplicación de estos. En cada caso, en cada impunidad, el espacio se hace más grande y más profundo. La corrupción, insuficiencia de fondos, escasez de recursos asignados, son algunas de las principales barreras para hacer cumplir las leyes de manera efectiva en México.
Para abordar estos desafíos se necesita un enfoque integral y multifacético. Implica aumentar la financiación para las instituciones responsables de abordar la violencia de género, brindar capacitación exhaustiva al personal judicial y policial e implementar medidas anticorrupción dentro del sistema legal. Así como también las campañas de concientización pública son cruciales para cambiar las normas culturales y sociales que perpetúan la violencia de género.
Requiere un compromiso sostenido por parte del gobierno para priorizar la aplicación de las leyes que protegen los derechos de las mujeres, independientemente de los cambios de administración política. Las organizaciones de la sociedad civil, los grupos feministas y los defensores de los derechos de las mujeres pueden desempeñar un papel vital a la hora de responsabilizar a las instituciones y abogar por un cambio sistémico. Solo de esta manera el feminismo y el estado de derecho podrán converger en armonía, sin espacio alguno, dando protección y seguridad a todas las personas, sin importar su género que viven bajo las normas de este país.