24 DE ABRIL Día por la despenalización…
Despenalización del aborto en México: avances y desafíos en la garantía de los derechos…
El 24 de abril de 2007 marcó un hito en la historia de los derechos reproductivos en México. La entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiendo a la Ciudad de México en la primera entidad del país en reconocer este derecho. Desde entonces, más de 250,000 mujeres han accedido a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la capital, según datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Sin embargo, el acceso al aborto sigue siendo un tema de debate y lucha en el resto del país. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), hasta 2024, 12 estados han despenalizado la interrupción del embarazo, entre ellos Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Quintana Roo. Un avance significativo se logró en septiembre de 2023, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el aborto no puede ser considerado un delito a nivel federal y ordenó al Congreso de la Unión reformar el Código Penal Federal para eliminar sanciones contra quienes aborten.
A pesar de estos avances, la realidad es que más de la mitad del país sigue penalizando el aborto, y miles de mujeres, especialmente en comunidades rurales e indígenas, enfrentan barreras para acceder a este derecho. Organismos como ONU Mujeres han señalado que la criminalización del aborto perpetúa la violencia de género y afecta de manera desproporcionada a las mujeres en situación de pobreza.
Desde la Cámara de Diputados y el Senado, han surgido iniciativas para homologar la legislación a nivel nacional, garantizando el acceso seguro al aborto en todo el país. No obstante, el camino sigue siendo complejo debido a la resistencia de sectores conservadores.
El Gobierno de México, a través de instituciones como la Secretaría de Gobernación y el INMUJERES, ha manifestado su compromiso con la protección de los derechos sexuales y reproductivos, pero aún queda un largo camino por recorrer para lograr una legislación uniforme y garantizar que ninguna mujer sea criminalizada por ejercer su derecho a decidir.
En la lucha por la despenalización y el acceso seguro al aborto en México, las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel fundamental. Un ejemplo es la Fundación María Teresa Ealy Díaz, que trabaja activamente en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esta fundación brinda asesoría legal y acompañamiento psicológico a mujeres que enfrentan procesos judiciales por abortar, así como a aquellas que requieren apoyo emocional tras tomar la decisión de interrumpir un embarazo.
Su labor es crucial para garantizar que ninguna mujer sea criminalizada ni revictimizada por ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo.
Además, la fundación impulsa la educación en derechos sexuales y reproductivos, ofreciendo información veraz y accesible para que las mujeres conozcan sus opciones y accedan a servicios de salud seguros.
También colabora con otras organizaciones y redes feministas para incidir en políticas públicas que amplíen y garanticen el derecho al aborto en todo México. En un contexto donde la resistencia política y social sigue siendo un obstáculo, el trabajo de la Fundación María Teresa Ealy Díaz representa un respaldo vital para las mujeres que enfrentan barreras legales, sociales y emocionales en el ejercicio de sus derechos reproductivos.
El reto: acceso real y sin barreras
Si bien la despenalización es un paso fundamental, la falta de acceso a servicios de salud, la desinformación y el estigma siguen limitando el ejercicio de este derecho. Es crucial que el Estado garantice la disponibilidad de servicios de interrupción del embarazo en todos los niveles del sistema de salud, especialmente en zonas marginadas.
México ha dado pasos importantes en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres, pero la lucha no ha terminado. La consolidación del aborto legal, seguro y gratuito en todo el país es una deuda pendiente con la justicia social y la equidad de género.
Consejos para mujeres que buscan información, asesoría psicológica y legal sobre aborto en la Ciudad de México
El 24 de abril de 2007 marcó un hito en la historia de los derechos reproductivos en México. La entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiendo a la Ciudad de México en la primera entidad del país en reconocer este derecho. Desde entonces, más de 250,000 mujeres han accedido a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la capital, según datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Sin embargo, el acceso al aborto sigue siendo un tema de debate y lucha en el resto del país. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), hasta 2024, 12 estados han despenalizado la interrupción del embarazo, entre ellos Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Quintana Roo. Un avance significativo se logró en septiembre de 2023, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el aborto no puede ser considerado un delito a nivel federal y ordenó al Congreso de la Unión reformar el Código Penal Federal para eliminar sanciones contra quienes aborten.
A pesar de estos avances, la realidad es que más de la mitad del país sigue penalizando el aborto, y miles de mujeres, especialmente en comunidades rurales e indígenas, enfrentan barreras para acceder a este derecho. Organismos como ONU Mujeres han señalado que la criminalización del aborto perpetúa la violencia de género y afecta de manera desproporcionada a las mujeres en situación de pobreza.
Desde la Cámara de Diputados y el Senado, han surgido iniciativas para homologar la legislación a nivel nacional, garantizando el acceso seguro al aborto en todo el país. No obstante, el camino sigue siendo complejo debido a la resistencia de sectores conservadores.
El Gobierno de México, a través de instituciones como la Secretaría de Gobernación y el INMUJERES, ha manifestado su compromiso con la protección de los derechos sexuales y reproductivos, pero aún queda un largo camino por recorrer para lograr una legislación uniforme y garantizar que ninguna mujer sea criminalizada por ejercer su derecho a decidir.
En la lucha por la despenalización y el acceso seguro al aborto en México, las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel fundamental. Un ejemplo es la Fundación María Teresa Ealy Díaz, que trabaja activamente en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esta fundación brinda asesoría legal y acompañamiento psicológico a mujeres que enfrentan procesos judiciales por abortar, así como a aquellas que requieren apoyo emocional tras tomar la decisión de interrumpir un embarazo.
Su labor es crucial para garantizar que ninguna mujer sea criminalizada ni revictimizada por ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo.
Además, la fundación impulsa la educación en derechos sexuales y reproductivos, ofreciendo información veraz y accesible para que las mujeres conozcan sus opciones y accedan a servicios de salud seguros.
También colabora con otras organizaciones y redes feministas para incidir en políticas públicas que amplíen y garanticen el derecho al aborto en todo México. En un contexto donde la resistencia política y social sigue siendo un obstáculo, el trabajo de la Fundación María Teresa Ealy Díaz representa un respaldo vital para las mujeres que enfrentan barreras legales, sociales y emocionales en el ejercicio de sus derechos reproductivos.
Si bien la despenalización es un paso fundamental, la falta de acceso a servicios de salud, la desinformación y el estigma siguen limitando el ejercicio de este derecho. Es crucial que el Estado garantice la disponibilidad de servicios de interrupción del embarazo en todos los niveles del sistema de salud, especialmente en zonas marginadas.
México ha dado pasos importantes en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres, pero la lucha no ha terminado. La consolidación del aborto legal, seguro y gratuito en todo el país es una deuda pendiente con la justicia social y la equidad de género.
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